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La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ha exigido al Gobierno de facto este 19 de noviembre desmovilizar a las Fuerzas Armadas de Bolivia después de que se registraran 6 muertes de civiles y unas 30 personas heridas en el marco del operativo militar y policial realizado este martes en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto.
«En este momento, las intervenciones policiales y militares en el país están generando muerte y dolor en el pueblo boliviano y hay que ser conscientes de que la primera acción de pacificación que tiene que realizar el Estado, es desmilitarizar», aseveró Nadia Cruz
La funcionaria también exigió a la Fiscalía y al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) investigar lo sucedido y castigar a los responsables.
Además, la jefa de la Defensoría del Pueblo reiteró su anterior petición, dirigida a la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, de anular la vigencia del Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que participan «en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno», y que fue calificado por el presidente dimitido, Evo Morales, de «una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo».
La defensora del Pueblo ha tachado de «insulsa» la vigencia de este polémico decreto y ha indicado que acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con una solicitud para reconocerlo contrario a la constitucionalidad y dejar claro, de este modo, que «los hechos que están ocurriendo el día de hoy (martes), de muertes y heridos no van a quedar en la impunidad».
«Recordar a la Policía y a los militares que no hay decreto, ley, ni Constitución que los salve de un juicio penal ordinario de estos casos, es momento de dialogar, pero dialoguemos en serio, sin perseguir, ni intervenir, sin balas, ni muertos», señaló Nadia Cruz.
En ese sentido, llamó a las autoridades de facto a evitar las acciones y discursos que puedan promover la persecución de dirigentes de protesta social y la criminalización de los grupos que rechazan a la autoproclamada presidenta Áñez.
En conclusión, la defensora del Pueblo opinó que desmovilizar a las Fuerzas Armadas de Bolivia podría convertirse en un primer paso del Gobierno de facto en el camino de un acercamiento e inicio de un diálogo con el objetivo de buscar la pacificación de Bolivia.
